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Liberan a militares tras ser acusados con pruebas obtenidas ilegalmente
Un juez federal decretó la libertad absoluta de seis militares acusados de haber cometido los asesinatos de civiles y de dos supuestos desertores del Ejército en 2009. Los acusados estaban adscritos al 35 Batallón de Infantería en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, y su libertad se suma a la que obtuvieron en enero pasado vía un amparo otros tres efectivos acusados de los mismos delitos.
Se les aplicó el Protocolo de Estambul y se probó que fueron torturados y se violaron sus derechos humanos. Los soldados fueron implicados en asesinatos de civiles y desertores del Ejército
Esta nueva sentencia contenida en el expediente 35/2009 anula en su totalidad el caso que formuló inicialmente la Procuraduría General de Justicia Militar en 2009, pero que tras diversas acciones legales pasó a la justicia civil para su desahogo. Ninguno de quienes fueron acusados se encuentra en prisión y los homicidios de las víctimas se encuentran impunes.
El Juzgado Noveno de Distrito, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, determinó que las pruebas para acusar a los cinco militares liberados ayer, fueron obtenidas ilegalmente por la Policía Militar que mantuvo por 30 días detenidos a los acusados y fueron sometidos a tortura, presiones y otras vejaciones.
Los liberados son los tenientes de infantería, Bonifacio Juárez y Santiago Munguía. Los sargentos segundos, Eusebio Rocha y Fernando Madariaga, además de los cabos Valentín Hernández y Guillermo Guadalupe Torres Gallardo, a quienes se les aplicó el Protocolo de Estambul y se pudo comprobar que se violaron sus derechos humanos.
FOTO: OBTURADORMX/Isabel Arango
La libertad decretada a estos militares tiene su antecedente en la sentencia de amparo que dictó el Primer Tribunal Colegiado de Chihuahua en la que se otorgó la libertad a tres militares entre ellos quien fungía en 2009 como comandante del 35 Batallón de Infantería, José Luján Ruiz, además de otros dos militares, Ramón Natividad Loya y Everardo Claudio Vega.
El caso fue ampliamente difundido e inicialmente se había condenado a todos los militares acusados a 33 años, pero su defensa logró demostrar que las confesiones que rindieron cuando fueron detenidos por la Policía Militar, fueron hechas bajo coacción y violaciones a derechos humanos.