Justicia para la Justicia

En estos días de transición política en el gobierno conviene reflexionar sobre la labor jurisdiccional, labor que se encarga primordialmente de conocer de litigios, resolver situaciones jurídicas y a nivel federal, responsable de pronunciarse en torno aspectos de orden constitucional como la protección de derechos fundamentales a través del juicio de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, en fin, una labor de amplio calado.

En efecto, la labor del juzgador se centra principalmente en resolver problemas conforme lo prevé la legislación, aplicar la ley al caso concreto y hacer con ello una declaratoria que brinde al gobernado la certeza de que tal situación así fue establecida conforme a derecho y por tanto perdurará en el tiempo. Labor jurisdiccional desempeñada primordialmente por jueces, magistrados y ministros, es decir, por profesionales en el Derecho. A nivel federal, la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé la carrera judicial que, grosso modo, se despliega en los niveles de actuario, secretario y Juez.

Carrera judicial que no es otra cosa que un régimen estricto de exámenes de aptitud el cual confiere cada una de esas categorías; esto es, el estatus que cada servidor público jurisdiccional alcanza es el resultado de una especialización que adquiere a lo largo de su labor, y dicho estatus se consigue a partir de la experiencia, del día a día, y sobre todo, se logra luego de años de estudios especializados en el ramo; aspectos que se demuestran en las mencionadas evaluaciones de aptitud. Es por ello y otros factores que el Juez como autoridad en la sociedad tiene una función relevante.

FOTO: Emilio Vázquez Pérez/MIRADOR JUDICIAL

El encargo de un juzgador no deriva de un proceso de elección popular en el que una mayoría de ciudadanos, con motivo de razones ideológicas o afines a ciertos pensamientos sea elegido, sino que, a partir de su especialización, estudio y experiencia en el derecho funge tan importante labor de determinar, decidir o establecer ciertas situaciones conforme a derecho, tiene en sus manos una potestad que, se insiste, deriva de su pericia y especialización en lo jurídico, la cual no se logra sino tras una larga carrera judicial.

En ese orden de ideas, el Juez, al desempeñar tan importante labor en la sociedad, no debe estar inmerso y menos aún, resultar agraviado de un determinado régimen político o expensas de los otros poderes de la Unión, sino por el contrario, al estar en un verdadero Estado de derecho en el que predomina la debida delimitación de funciones y facultades de esas potestades, el juzgador tiene que ser respetado en su autonomía, independencia, permanencia y derechos de retribución a esa labor.

Ahora que se acerca el cambio de titular del Poder Ejecutivo de un régimen tradicional a otro que anunció cambios de varias índoles, muchos hablan de qué sucederá, pero al parecer todo es mera expectativa, no sabremos hasta que se instale el nuevo gobierno y actúe en consecuencia en los seis años de su gestión.

Por su parte, el Poder Legislativo también se vio renovado en las pasadas elecciones de julio, con una mayoría absoluta de la misma tendencia política; diputados y senadores federales que elaborarán, reformaran e incluso derogarán las leyes que estiman convenientes, durante su correspondiente LXIV legislatura.

Empero, pasará el sexenio presidencial y la época parlamentaria correspondiente, y los jueces continuarán en la alta labor de impartir justicia y brindar seguridad a los ciudadanos; por tanto, es necesario hacer una pausa en el camino de tintes políticos que ahora transcurre y, a partir de la reflexión de la labor de los jueces, concluir que es justo respetar sus derechos laborales y personales, no visto como el privilegio de unos cuantos sino como un reconocimiento justo a su función.

*Secretario en función de juez del Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México