De acuerdo con una reforma que el Senado de la República
intenta aprobar en un mes para impedir se sigan dañando las finanzas públicas, cualquier
tipo de daño fiscal será considerado como una amenaza a la seguridad nacional
de México y la defraudación fiscal se considerará como delincuencia organizada.
El proyecto de dictamen integra las iniciativas de
senadores del PAN, Morena y Movimiento Ciudadano que buscan elevar el tipo
penal para castigar a quienes no pagan impuestos y usan empresas fantasma o
facturas falsas.
Las comisiones unidas de Hacienda, Justicia y Estudios
Legislativos Primera del Senado plantean la reforma a la Ley de Seguridad
Nacional y una adición
al catálogo del artículo 167 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, para que se considere como amenaza a la seguridad
nacional “el contrabando y su equiparable; a la defraudación fiscal y su
equiparable, así como a la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición
de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos
jurídicos simulados, como delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa”.
Cuando en el fraude fiscal estén implicados al menos tres
personas y el monto del erario supere los 5.4 millones de pesos, el delito será
considerado delincuencia organizada.
La reforma establece que los involucrados tendrán los
mismos criterios penales, entre ellos lograr la disminución de su delito, si
delatan a los involucrados en la cadena de defraudación fiscal.