Polémico fallo judicial por caso de violación en España

El fallo judicial que se ha identificado como La Manada ha causado un enorme descontento  en España y ha llegado al Parlamento Europeo. Además de las movilizaciones multitudinarias, los partidos políticos de ese país han cuestionando la sentencia y la promesa del Gobierno de revisar el Código Penal. El caso ha impulsado una especie de Me too español: las redes sociales se han llenado de historias de mujeres que relatan abusos con la etiqueta Cuéntalo.

El diario El País describió que no estaba en los planes del Ejecutivo de Mariano Rajoy tocar el Código Penal, que recoge una tipificación de los delitos contra la libertad sexual inamovible desde 1995. La jurisprudencia establece que para considerar la violación tiene que haber violencia (una agresión física con fuerza) o intimidación (una amenaza de un mal grave a la víctima para que ceda a la pretensión de los agresores), dos cosas que los jueces no vieron en el caso de La Manada. La indignación social ha empujado al Gobierno a hacer un anuncio que aún no se ha concretado.

En tanto, el ministro de Justicia, rafael Catalá, declaró que el magistrado que firmó el voto discrepante pidiendo la absolución de los cinco acusados, Ricardo González, “tiene algún problema singular”. Tiró la piedra y escondió la mano: no ha aclarado cuál es ese problema ni si afecta a su trabajo como juez.

La polémica ha dado también un salto internacional. En Bruselas, donde el Parlamento Europeo debatió “la aplicación por parte de España de los estándares internacionales sobre violencia sexual a raíz de la sentencia de La Manada”. El debate lo impulsó Podemos, con la oposición del PP y el apoyo del PSOE. La formación de Pablo Iglesias busca una definición legal más clara de la violación que incluya toda relación sexual no consentida.