Luego de que por primera vez se realizó en México
una evaluación a los 32 Poderes Judiciales locales y estos salieron reprobados
en materia de transparencia y rendición de cuentas, senadores de diversos
partidos afirmaron que en los tribunales estatales se preservan cotos de
poder que impiden avanzar en estas áreas.
El resultado de la evaluación a los 32 poderes judiciales locales sobre transparencia
y rendición de cuentas, elaborado por la organización EQUIS Justicia para las
Mujeres, fue “desolador”, ya que ninguno de ellos cumplió más allá del 50 por
ciento de los criterios que se examinaron, como publicación de sentencias,
mecanismos de participación ciudadana, presupuesto para unidades de
transparencia, entre otros.
Este inédito ejercicio, emprendido por la organización EQUIS Justicia para las Mujeres, se concluye que absolutamente todos los Poderes Judiciales están reprobados en Justicia Abierta, además de que actualmente todo el funcionamiento los Poderes Judiciales Locales en México son un camino abierto a la discriminación, la corrupción, y la arbitrariedad.
Ante ello, el
senador Clemente Castañeda Hoeflich, presidente de la Comisión de Anticorrupción,
Transparencia y Participación Ciudadana, junto con los también senadores Verónica Delgadillo García
(MC), Patricia Mercado (MC), Xóchitl Gálvez (PAN) y Miguel Ángel Mancera (PRD),
presentó una iniciativa para reformar el artículo 73 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La finalidad de la propuesta es
establecer que todas las sentencias son de interés público, y por lo tanto debe
publicarse el texto íntegro, y derogar la disposición actual. “A más
transparencia, menos espacio para la corrupción y el conflicto de interés”,
indicó el presidente de la Comisión de Anticorrupción,
Transparencia y Participación Ciudadana.
Abundó en que es grave que los
Poderes Judiciales locales nieguen el carácter de interés público de las
sentencias, de manera generalizada. En ese sentido, las disposiciones de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública han llevado a la
opacidad en la información y van en contrasentido de las prácticas de
transparencia.
Lo anterior debido a que la ley
establece que los Poderes Judiciales Federal y de las entidades federativas
deben poner a disposición de la ciudadanía las versiones públicas de las
sentencias que sean de interés público.
Sin embargo, dichos órganos que
imparten justicia no tienen consenso acerca del concepto de interés público, y
en algunos casos, dicha noción se contrapone una de otra. Existe “una absoluta
ambigüedad, que se convierte en discrecionalidad, en la interpretación de la
ley”, señaló.
En este contexto se informó que
entre los resultados encontrados en este ejercicio de evaluación a los 32 poderes judiciales,
fueron que el Poder Judicial de Yucatán fue el mejor calificado con apenas 47.5
puntos. Los Poderes Judiciales más opacos son los de Aguascalientes, Morelos,
Puebla y Estado de México, al no proporcionar la información solicitada o,
incluso, por no considerarlo parte de sus obligaciones.
Además, 18 Poderes Judiciales no cuentan con información estadística
sobre el número de sentencias que resuelven, el Poder Judicial de Durango es el
único que publica todas sus sentencias, aunque ninguno de los 32 Poderes
Judiciales cuenta con políticas de transparencia pro-activa.
Igualmente, 20 Poderes Judiciales no tienen presupuesto para cumplir con
sus obligaciones de transparencia; 31 Poderes Judiciales no cuentan con ningún
mecanismo para difundir sus sentencias. Solo 7 estados tienen mecanismos de
participación ciudadana con más de 3 actores sociales relevantes.
A través de esta investigación se constató, según esa
organización que “la sociedad
desconoce las violaciones y vulneración de derechos, así como las malas
prácticas y el abuso de poder al interior del sistema judicial”, y que dicha
opacidad genera un sistema injusto, donde la ciudadanía no conoce sus derechos,
ni los mecanismos o procesos para hacerlos exigibles, lo cual genera desconfianza
y le resta legitimidad y eficiencia a la instancia encargada de impartir
justicia.
El informe muestra, según la organización EQUIS
Justicia para las Mujeres, que sin
transparencia no hay rendición de cuentas, sin rendición de cuentas no hay
garantía de acceso a la justicia y combate a la corrupción, y añade que el
estudio sienta las bases para corregir el rumbo del Poder Judicial y
abonar para la construcción de una sociedad más participativa, más incluyente,
más justa para todas y todos.